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lunes, 4 de enero de 2016

EL DEBATE DE LAS LOW COST

No a las gasolineras 'low cost'

La proliferación de estas gasolineras sin personal, donde la máquina expendedora sustituye a la tienda de comestibles y que no tiene baño provoca preocupación en el sector vasco

MARCE RODRÍGUEZ/ISABEL LEÓN   02-08-2014 - 12:26 CET
Los sindicatos instan al Gobierno Vasco a que intervenga, como han hecho ya otras Comunidades Autónomas, y prohiba su instalación en Euskadi. Consideran que aunque reduce los costes de gestión, y abarata el precio de la gasolinera, no garantiza la seguridad necesaria.
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Son gasolineras pequeñas y no hay personal, es self-service. La máquina expendedora sustituye a la clásica tienda de comestibles y tampoco ofrecen servicios extra como baño para clientes o túnel de lavado. Todo esto hace que se reduzcan los costes de gestión, lo que repecute en el precio de la gasolina, más barata. En el último año, las llamadas gasolineras "low cost" han proliferado en diversas ciudades y los sindicatos temen ya su entrada en Euskadi. Garikoitz Zabalbeitia, de Comisiones Obreras, alerta sobre la falta de medidas de seguridad en estas estaciones en las que el cliente se sirve la gasolina sin que nadie controle la operación. Mantiene que "lo que se suministra en las estaciones de servicio son mercancías peligrosas y de esta forma no se controla que el cliente esté fumando mientras reposta o que tenga el motor encendido".
La otra gran preocupación en el sector es que la llegada de estas gasolineras "low cost" pueda suponer una importante pérdida de puestos de trabajo. De ahí que desde Comisiones Obreras insten al Gobierno Vasco a que "proteja" Euskadi de la llegada de este tipo de estaciones de servicio, como ya se ha hecho en Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra o Baleares, donde ha llegado incluso a prohibirse.
Y todo a una semana de que se abra el plazo para mejorar el estado de más del 50% de las gasolineras vascas. La nueva normativa aprobada esta semana por el Gobierno Vasco afecta a más de la mitad de las 308 gasolineras de Euskadi (118 en Bizkaia, 131 en en Gipuzkoa y 59 en Álava) y obliga a todas las que tengan tanques enterrados a tener un sistema de detección de fugas, con una doble pared protectora. El plazo para iniciar esta modificación se abre el 9 de agosto y contempla, en función del volumen de ventas y la antigüedad de la gasolinera, plazos de ejecución de dos a ocho años.

Apoyándose en un informe encargado a Fide por la asociación provincial de Barcelona

Aevecar denuncia ante Industria “la posible ilegalidad” de las low cost


Autor: Estaciones de Servicio
Aevecar denuncia ante Industria
Manuel Amado, presidente de Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona y de la Federación Catalana de Estaciones de Servicio, además de vicepresidente de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), se ha reunido recientemente en Madrid con elsubdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Sergio López, a quien ha trasladado sus opiniones acerca de “la posible ilegalidad” de las gasolineraslow cost.
Amado ha acudido al Ministerio de Industria con un estudio elaborado por Fide Asesores Legales y Tributarios a petición de Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona. En ese informe, el despacho especializado en asesoramiento en el sector de hidrocarburos concluye que las unidades de suministro desatentidas “presentan dificultades para cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y pueden atentar contra los derechos básicos de consumidores y usuarios”.
El estudio subraya varios hechos diferenciales que hacen la actividad de las gasolineras fantasma difícilmente compatible con la legalidad. Entre ellas destaca la ausencia de personal especializado en la manipulación de mercancías peligrosas, con los riesgos para los usuarios que podrían derivarse de ello. “Por ejemplo –explican desde Fide- no se puede detectar ni evitar que algún cliente reposte fumando, con las luces encendidas, elmotor en marcha o hablando por el teléfono móvil”.
Entre los peligros derivados de la ausencia de personal, el informe cita la imposibilidad de “controlar el uso de envases no homologados, ni evitar posibles derrames o comprobar que no haya peligro después de una pequeña fuga, no se puede detectar si haymangueras en mal estado ni sustituir rápidamente, ni es factible garantizar el permanente abastecimiento”.
Discriminación a los discapacitados
El documento elaborado por Fide y presentado por Manuel Amado a Sergio López toca también el capítulo de las personas con discapacidad, que en muchas ocasiones no pueden repostar sin ayuda y para quienes sería imposible llenar el tanque de sus automóviles en una gasolinera fantasma.
Según el informe, también es difícil que las low cost puedan observar la normativa de consumo, pues los automovilistas que reposten en ese tipo de instalaciones difícilmente tendrán acceso a las hojas de reclamaciones o facturas de compra.
En resumen, desde Fide aseguran que “las instalaciones low cost delatan una serie dedeficiencias e incumplimientos vulnerando lo dispuesto en normativa de consumo, seguridad o lo establecido en disposiciones específicas de diferentes comunidades autónomas”.
“Destacan las deficiencias que se refieren a medidas de seguridad en la manipulación de mercancías peligrosas sin el control, supervisión y/o auxilio de una persona debidamente formada a los efectos”, asevera el documento elaborado por Fide, que también cita “las que afectan a derechos básicos de los consumidores o usuarios”.
El estudio no olvida citar las deficiencias “que suponen la imposibilidad del acceso a un servicio público, tal y como se define en la resolución a la Consulta número 12/2003 del Instituto Nacional de Consumo, a personas con algún tipo de discapacidad, vulnerando un derecho fundamental recogido en los artículos 14 y 19 de la Constitución Española”.
Tras reunirse con Sergio López para trasladarle las demoledoras conclusiones del informe, Manuel Amado se ha mostrado moderadamente satisfecho de la respuesta que le ha ofrecido el subdirector general de Hidrocarburos, quien se ha comprometido a estudiar a fondo el documento y a mantener el contacto con las organizaciones empresariales que defienden los intereses de los empresarios del sector.
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